Resumen: Impuesta una sanción de multa por infracción de la Ley de Aguas, la Sala rechaza la prescripción de la infracción. Igualmente estima probada la misma y desvirtuada la presunción de inocencia. No obstante, estima que la Administración ha aplicado incorrectamente el principio de proporcionalidad. Se argumenta que si las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 10.000 €; ello nos indica que, para la graduación de la sanción, debemos necesariamente acudir a los mecanismos que la propia ley establece para determinar la multa entre la horquilla cuantitativa que establece el precepto. Así las cosas, al no concurrir en el presente caso ninguna circunstancia de agravación de la responsabilidad de las que contempla el precepto, no se puede establecer la multa en su tercio máximo, como lo hace la administración. Tampoco en el mínimo pues no aparece ninguna circunstancia que pueda justificar la actuación de la actora, dado que se trata de una sociedad que se dedica precisamente a esta actividad y que necesariamente debe conocer las limitaciones que expresamente la afectan. En consecuencia, desde un punto de vista proporcional, la multa que puede imponerse sería la de la mitad de su cuantía máxima, esto es de 5.000 €.
Resumen: PRIMERO.- Que por Jose Manuel se recurre en apelación la sentencia de 2 de mayo de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de San Sebastián, sobre expulsión del territorio nacional. La apelación se basa en alegar que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad y que la resolución recurrida carece de motivación.
